5/26/2017

Nicaragua promueve inversiones en asociación público-privada

La Asamblea Nacional aprobó la ley de asociación público privada en octubre del año pasado.
Tres especialistas internacionales presentarán el lunes próximo en Nicaragua los beneficios del esquema de alianzas públicas-privadas (APP) para promover las inversiones en este país centroamericano, informó hoy una fuente oficial.
La conferencia estará a cargo del especialista en temas de APP en América Latina, Francisco Treviño, y las representantes del grupo financiero LaFise Bancentro, Lizzeth Villatoro y Vivian Rodríguez, que promueven el evento.
El objetivo de la presentación sobre ese tema es promover ese tipo de inversiones como medio de desarrollo de infraestructura sostenible para Nicaragua y la región, indicó la estatal Agencia Oficial de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua), que apoya el evento.
Durante el acto se presentará el caso de la estructuración del Centro Cívico Gubernamental de Honduras bajo el modelo de alianza público-privada, desarrollado por LaFise en ese país.
El ministro-delegado presidencial para las inversiones de Nicaragua, Álvaro Baltodano, destacó que ese tipo de alianzas "representan un paso más para afianzar el modelo de alianzas entre el Gobierno y los empresarios, propiciando que estos cuenten con el respaldo necesario para aventurarse a invertir en proyectos de infraestructura".
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en octubre pasado la Ley de Asociación Público Privada, cuyo objetivo es regular la suscripción conjunta del sector público y el privado, en proyectos de infraestructura y servicios.
La ley regulará "la formulación, contratación, financiamiento, ejecución, operación y extinción de proyectos en asociación público privada", según el texto.
Entre otros, la ley permite que la empresa privada de Nicaragua pueda ofrecer sus proyectos con estudios de factibilidad ante el Gobierno, para una posible ejecución conjunta.
La nueva legislación también promete incentivos a las empresas que participen en la asociación, y les garantiza "sostenibilidad" y seguridad jurídica, lo que incluye compensaciones y financiamiento.
A cambio, las compañías deberán garantizar proyectos con responsabilidad social empresarial, sostenibilidad ambiental, proyección a los trabajadores y competitividad.
Los proyectos ejecutados bajo esa ley podrán ser declarados de utilidad pública cuando el Gobierno lo estime conveniente.
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