5/30/2017

¿Qué opciones quedan para salvar al INSS?

La polvareda que se levantó cuando el Gobierno dejó entrever, a través del asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, que para sanear las moribundas cuentas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se elevarían la edad de jubilación y la cantidad de semanas cotizadas para obtener una pensión, el presidente de esa institución, Roberto López, la intentó disipar “aclarando” que esos dos puntos no estaban en discusión.
Lo que no dijo López en esa comparecencia, a la que LA PRENSA no fue convocada y tampoco se permitieron preguntas, es entonces cómo lograrán sacar a flote al INSS, cuyas proyecciones de solvencia fueron recortadas a 2019 por el Fondo Monetario Internacional.
“A pesar de las opiniones expresadas recientemente por el FMI, ni el INSS ni el Gabinete Económico han analizado ninguna medida relacionada con aumentar la edad de jubilación o las semanas cotizadas para obtener una pensión. La edad de jubilación no está en debate en el Gobierno de Nicaragua. El Gobierno de Nicaragua no está discutiendo el número de semanas cotizadas para obtener una pensión”, enfatizó el funcionario, dejando en el limbo la interrogante sobre hacia dónde apuntarían las reformas.
Blanka Callejas, presidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua, señala que López, durante su intervención, “no abordó el supernumerario, el decimocuarto mes, si van a cobrar a los morosos, porque se debe estar claro que el INSS es de todos: no tiene partido político, credo ni raza; quienes aportamos somos los trabajadores, por lo tanto deben darnos cuenta”.
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En 2014 entró en vigencia la última reforma aplicada al Seguro Social, que hizo cinco cambios:
1. Modificó el método de ajuste de las pensiones mínimas, antes se hacía según el ritmo de crecimiento del salario mínimo y ahora conforme al salario promedio nacional, que crece a mucha menor velocidad; 2. Ajustó la fórmula de las nuevas pensiones, de modo que los trabajadores tuvieran que cotizar por más tiempo para lograr una mejor pensión; 3. Se aumentó en tres puntos porcentuales la contribución de los empleadores, pasando de 16 a 19 por ciento en un período de tres años; 4. Elevó gradualmente el salario máximo cotizable y pasó de 37,518 a 54,964 córdobas en 2014, para llegar finalmente a 79,832 córdobas en 2017; y 5. El Estado acordó pagar la deuda por 500 millones de dólares que tiene con el INSS, en cuotas anuales de 250 millones de córdobas (unos nueve millones de dólares).
Y aunque todos esos ajustes oxigenaron las cuentas del Seguro Social en 2014 (ver infografía sobre las reservas técnicas), no fue suficiente, pues los déficits anuales continuaron en aumento. El año pasado este déficit alcanzó 1,579 millones de córdobas y ahora se busca una nueva “medicina” para curar al INSS. Pero si la edad de jubilación y el número de cotizaciones ya fueron públicamente descartadas, ¿qué queda?
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El actuario Róger Murillo, quien se ha dedicado a analizar las finanzas del INSS, propone cinco medidas que, a su criterio, deberían ejecutarse para salvar a la institución:
1. Incrementar los ingresos por cotizaciones. Se debe aumentar el número de asegurados, lo que pasa por emplear una fiscalización más efectiva en el INSS, de modo que se pueda asegurar a muchos trabajadores informales que laboran en empresas que sí tienen capacidad de inscribirlos al INSS y se verifique si las empresas que aportan están reportando las cifras correctas.
“¿De qué (otra) manera se puede incrementar la población de asegurados cotizantes? Abriendo más empresas, que el sector privado abra más empresas, más fuentes de trabajo. Y para crear nuevas empresas se necesita más inversión y para que haya más inversión necesitamos condiciones favorables para la inversión y una de ellas es el Estado de Derecho, que no hay”, agrega.
2. Que el Estado aporte más. Murillo sostiene que aunque el Estado pagara de contado su deuda histórica con el INSS, no sería suficiente. Él propone elevar el aporte estatal por cada asegurado activo, fijado actualmente en 0.25 por ciento. Pudiera elevarse a 0.5 o 1 por ciento, indica.
“Porque el Estado es solidario y es el garante de la Seguridad Social en este país. Si el Seguro quiebra, él tiene que garantizar que siga funcionando a partir del Presupuesto anual”, argumenta.
Y señala que aunque en los informes del INSS se refleje un aporte estatal sobre las cotizaciones, realmente no lo paga. Según el anuario estadístico 2016, ese aporte habría inyectado 215.64 millones de córdobas el año pasado a Seguro Social. La fiabilidad de esos estados financieros no está garantizada, pues no son auditados por ninguna firma independiente.
3. Reducir los gastos administrativos. La excusa del INSS ha sido que se ha requerido más personal para atender a los pensionados de manera más eficiente; sin embargo, existen instituciones como el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, adscrito a la Policía Nacional, donde todo el proceso está automatizado, lo que no ocurre en el INSS.
Según los estados financieros del Seguro Social en 2016 se gastó 1,705.5 millones de córdobas en salarios al personal y se destinaron 7,574.2 millones de córdobas para la compra de bienes y servicios.
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En 2006, antes que asumiera la Presidencia Daniel Ortega, el INSS requería 197.8 millones de córdobas para pagar su planilla y 1,126.5 millones para la adquisición de bienes y servicios.
El economista Adolfo Acevedo señala que se debe hacer una “reducción drástica de los gastos administrativos como porcentaje de los ingresos por cotización, hasta los niveles que se alcanzaron en 2006, o inferiores, y la trasparencia absoluta en los criterios y la forma del manejo de las inversiones”.
4. Elevar la cotización a empleados y empleadores. El actuario señala que el sistema financiero del Seguro Social contempla la prima escalonada, es decir, “que si yo tengo problemas en el futuro, yo estoy autorizado para subir la cotización, entonces si no puedo agregar gente, yo debo subir la cotización, pero las cotizaciones se deben subir tanto para el empleador como para el trabajador”. Murillo resalta que desde el año 2000 no se ha modificado el aporte de los trabajadores, que es del cuatro por ciento para los dos regímenes del INSS.
Del 6.25 por ciento de su salario que aportan los trabajadores cada mes, 4 por ciento es su aporte directo para las pensiones y 2.25 por ciento es su aporte para cobertura de salud y maternidad.
“En Dominicana se paga el 30 por ciento por el Seguro Social, nosotros estamos global (empleadores y empleados) 25.5 por ciento. Si no hacemos cambios, si no buscamos cómo mejorar, vamos a tener que recurrir al aporte de los trabajadores”, expresó.
5. Frenar las pensiones reducidas. A criterio del especialista, el Estado debería asumirlas. “Inicialmente la pensión reducida estaba pensada para las personas que empezaban a cotizar después de los 45 años. Solo hay 13 mil personas que entraron bajo esas condiciones, si estuvieran vivas”, mencionó.
Según el anuario estadístico del INSS, en 2016 se reportaban 42,946 personas recibiendo una pensión reducida de vejez, lo que representó un desembolso de 1,347.41 millones de córdobas.
“Yo lo que recomiendo es parar de seguir dando pensiones reducidas. Ya no más, hay que eliminarlas. Seguir dando pensiones reducidas es seguir descapitalizando el Seguro”, sentenció.
Una opción que también deja abierta el actuario —aunque no se podría ejecutar en el corto plazo— es desarrollar en Nicaragua el sistema de cuentas individuales: “Que es el ahorro propio del trabajador, pero manejado por el Seguro Social, no por las administradoras de fondos de pensiones”. Esto estaba contemplado en la Ley 340, que fue derogada años atrás.

335.5
millones de córdobas acumuló el déficit financiero del INSS durante los primeros dos meses del año. En 2016 cerró en 1,579.2 millones de córdobas.

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