6/10/2017

Delitos de incumplimiento de pensión alimenticia incrementaron 45% en 2016

La Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público registró en 2016 un total de 8,696 denuncias e informes policiales por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, siendo el de mayor incidencia en esta unidad, el cual aumentó un 45% con respecto al 2015, cuando se recibieron 5,986 denuncias en todo el país.
El dato anterior se desprende del Informe de Gestión Anual del Ministerio Público, presentado el día de ayer en la Asamblea Nacional por la fiscal general de la República, Ana Julia Guido. 
La cifra diaria de denuncias recepcionadas por incumplimiento de deberes alimentarios en promedio sería de 23 casos en 2016. El año anterior, este tipo de denuncias no superaban los 16 casos diarios.
La abogada Rosario Flores, hizo hincapié en que este tipo de delito ocurre cuando uno de los padres incumple una sentencia que ya ha sido dictada por un juez de familia, en la que se estipula una cantidad de dinero para sufragar los alimentos y necesidades de los hijos. Sin embargo, advirtió que las demandas por pensión alimenticia también han aumentado. 
Para Marvin García, responsable de la unidad técnica del Observatorio sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia (Codeni), este incremento de delitos es un reflejo de que hay padres que están incumpliendo con sus hijos de forma más reiterada, también afirmó que “influye que la información se divulga y hay un empoderamiento de las mujeres por ese instrumento que está vigente y que permite hacer cumplir a los padres las sentencias”. 
Según el Ministerio Público, la Unidad Especializada de delitos contra la violencia de género registró 14,778 denuncias e informes policiales de delitos cometidos contra la mujer, niñez y adolescencia en sus diferentes manifestaciones de violencia. Por lo que las demandas de incumplimiento de pensión alimenticia representan el 59% de todos los casos recibidos en esta unidad. 
García, también máster en gestión y políticas públicas, afirmó que las repercusiones en los niños, niñas y adolescentes van desde el factor económico “porque la madre se ve imposibilitada de brindarle los bienes de primera necesidad que el hijo o hija requiere”, hasta la privación de medicinas e implementos escolares. 

Mediación

En el informe anual también se detalla la cantidad de mediaciones realizadas durante el año pasado. Para el delito de incumplimiento de deberes alimentarios fueron 1,879 las mediaciones realizadas previas al proceso y 2,385 mediaciones durante el mismo, para un total de 4,264 mediaciones. Lo que significa que el 49.03% de casos de este delito se resolvió a través de la mediación.
“Lo más importante aquí es el interés superior del niño con respecto a que se le garantice la pensión alimenticia”, opinó García al ser preguntado por la viabilidad de esta alternativa.
Flores, con amplia experiencia en este tipo de casos, aseguró que la mediación es el método priorizado de resolución del conflicto para los jueces y fiscales. 
“En cuanto cae una acción de incumplimiento en un juzgado penal, lo primero que les dicen a ambas partes es que si ya resolvieron, si ya platicaron. Porque aquí la idea no es que el hombre vaya preso, eso se lo dicen los jueces a las mujeres, que si van presos cómo van a trabajar para darles la pensión. Entonces las mujeres ya van un poco predispuestas a la mediación”, dijo la abogada. 
Sin embargo, destacó que después de esa mediación, pueden existir futuros incumplimientos. “Mientras esté viva la obligación de dar alimentos y el hombre siga incumpliendo, las veces que sean necesarias la mujer tendrá que estar yendo a acusar, al Ministerio Público o buscando un acusador particular”, afirmó Flores. Destacó que los casos en que los hombres son enviados a prisión por incumplimiento de deberes alimenticios son aislados. 

Denuncias

Según el informe, el Ministerio Público atendió 39,458 informes policiales y denuncias, de las cuales ejerció la acción penal en 27,384 casos, en los que se acusó a 29,656 personas y se dictaron 12,074  resoluciones administrativas, principio de oportunidad previo al proceso y ampliaciones de investigación. 
Las demandas por pensión alimenticia representarían un 22% del total de informes policiales y denuncias recibidas por el Ministerio Público. En 2015, ese porcentaje representó el 15% del total de las denuncias. 
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