Parlamentarios trabajan en reforma a la ley 779
A través del Segundo Secretario de la Asamblea Nacional, diputado Wilfredo Navarro, fue presentada ante el plenario la iniciativa de reforma a la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, familiar y comunitaria de todos los nicaragüenses.
La iniciativa de crear una reforma parcial a la Ley busca la promoción de una convivencia pacífica entre todos los habitantes, donde se asegure la libertad, justicia y respeto a la dignidad de las personas, como principio de la nación nicaragüense.
“La reforma tiene como objetivo fundamental la protección de la vida humana y el castigo con penas más severas a las personas que cometen delitos como femicidios, asesinatos, violaciones a menores de edad. Vamos a trabajar en la consulta de la Ley e involucraremos a instituciones como la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, manifestó la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
La reforma a la Ley trae consigo una serie de especificaciones que garantizarán el respeto a la vida, seguridad, libertad e integridad personal, psicológica, moral y sexual. Por ello los diputados consideran que al incrementar el número de años de privación de libertad para quienes cometen delitos vinculados al abuso y privación de la vida permitirá marcar un precedente.
“La reforma establece algunos agravantes a la Ley, por ejemplo, quien cometa el delito contra una mujer frente a sus familiares la sanción será más drástica, cuando se violente a una adolescente y producto de ello la victima resulte embarazada, la sanción será mayor. Estamos hablando de un incremento entre cinco y diez años en todos los delitos contra la vida y en delitos sexuales. La idea es proteger la paz social, fortalecer los mecanismos de seguridad humana y de seguridad ciudadana”, refirió Carlos Emilio LópezVicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud y Familia.
La reforma contempla la ampliación de los catálogos de delitos en los que no van a fungir los jurados de conciencia, sino que se hará uso de jueces técnicos, siendo un mecanismo de protección de derechos humanos. La única medida que va a proceder en la reforma es la medida de privación de libertad, una vez presentado el delito, el acusado permanecerá bajo la medida de prisión preventiva mientras se realiza el debido proceso judicial.
“El Estado debe seguir brindando más seguridad a las familias y la reforma viene a proteger lo más preciado, la vida y sobre todo la de las mujeres. La reforma está enfocada en castigar los delitos graves como el parricidio, femicidio y el Código nos dará mayor seguridad y estabilidad para nuestras familias”, manifestó Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud y Familia.
“Estamos de acuerdo en pronunciarnos a favor de aumentar las penas para quienes cometen asesinatos atroces, es incorrecto que las partes más sensibles de la sociedad nicaragüense estén siendo asesinados y de ninguna forma lo podemos tolerar. Consideramos que hay que incrementar los años de cárcel como una medida paliativa para tratar de impedir los delitos”, dijo el diputado Miguel Rosales, presidente de bancada del PLC.